A mi aire.
CARLOS ESCRIBANO MUÑOZ 22/08/2013
Excelentísimo Señor:
Vivimos una nueva crisis entre España y el Reino Unido de la Gran
Bretaña por causa de Gibraltar, crisis en la que su actitud, como
tradicionalmente viene sucediendo en los Gobiernos de Su Graciosa
Majestad, es de cercanía respecto de los intereses de Gibraltar y
desprecio hacia los intereses de España. La actitud de su Gobierno es,
aparentemente, razonable, pero una lectura más minuciosa debiera
llevarle a una opinión más ajustada a la realidad.
El Derecho es la herramienta que nos hemos dado los ciudadanos
para convivir, y el Derecho, en el caso de la soberanía británica sobre
el Peñón de Gibraltar viene configurado por el artículo décimo del
Tratado de Utrecht, cuyo texto es el que sigue:
"El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede
por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera
propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su
puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha
propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y
para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar
cualquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías,
quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha
propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial
y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de
tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede
estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar
que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella
ciudad se ven reducidos a grandes angustias, siendo la mente del Rey
Católico sólo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción
fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en
estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España
limítrofe la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las
tropas del presidio, de los vecinos o de las naves surtas en el puerto.
Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar,
ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarán al fisco y
presentada queja de esta contravención del presente Tratado serán
castigados severamente los culpados. Y su Majestad Británica, a
instancia del Rey Católico consiente y conviene en que no se permita por
motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la
dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de
guerra moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo que se puede cortar
la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas
por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y
frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa
de Africa, ha de considerarse siempre que no se puede negar la entrada
en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves que sólo vienen a
comerciar. Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a
los habitadores de la dicha Ciudad de Gibraltar se les concederá el uso
libre de la Religión Católica Romana. Si en algún tiempo a la Corona de
la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de
cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha
convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de
España la primera acción antes que a otros para redimirla".
Por tanto, y como Usted habrá apercibido, el Gobierno Británico
carece de aguas de soberanía, ni de derecho alguno en tierra que afecte a
territorio español. Carece, pues, de facultad alguna para extender su
territorio por tierra o por mar.
No obstante, y más allá del tema de la soberanía, aunque
intrínsecamente unido a él, el problema que vive España con su vecino
Gibraltareño es de Orden Público. No se trata ahora de reivindicar un
territorio sino de hacer cuenta de lo que representa la vecindad con su
colonia: Prácticamente todo el PIB gibraltareño que no procede de las
arcas del Estado británico, procede de la expoliación a España. Desde la
práctica del contrabando hasta la utilización del puerto para la
realización de bunkering ilegal, o refugio a traficantes de drogas, o
base de operación de los casinos donde en España se juega por Internet, o
las empresas pantalla que reciben los fondos que los contribuyentes
desleales. La roca tiene más de una entidad bancaria por cada dos mil
habitantes. Si aplicásemos la misma proporción en España, resultarían
23.500. Todo eso sucede dentro de la autonomía gibraltareña, señor
Cameron; pero esa “autonomía” está representada en el mundo por la
diplomacia británica, defendida por los ejércitos británicos, y dirigida
por el Gobernador Británico del Peñón, autoridad máxima gibraltareña y
designado por su Gobierno desde Londres. Es decir: nada de lo que está
sucediendo en Gibraltar es ajeno a Londres y su Gobierno,
Aún más, podría bastar como ejemplo –y el más sangrante- de la
deslealtad del vecino colonial, que en 1815 las autoridades británicas
solicitaron poder desplazar a su población hacia el norte, a territorio
español, a causa de una epidemia de fiebre amarilla. El Gobierno español
lo autorizó y la colonia hizo suyo ese territorio que ya nunca
devolvió. Eso, en Derecho español constituye delito de apropiación
indebida y es su causa la no devolución de lo recibido en depósito
miserable o necesario. Al Gobierno de Su Graciosa Majestad no le pareció
delito, sino que fue cómplice de la situación hasta que en 1945, y en
el marco de la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento internacional de
España, aprovechó para ganar tierra en las aguas territoriales españolas
y construir el aeropuerto de Gibraltar. Son los hechos, Mr. Cameron.
Hechas estas manifestaciones, tendremos que considerar qué sucede
hoy, y lo que sucede es que familias de pescadores ven destruido su
futuro para que sus protegidos de Gibraltar sigan construyendo el suyo,
boyante como propio de sus actividades ilegales y consentidas por Su
Gobierno. La mar que da de comer a las familias es constreñida por los
Gobiernos que dan riqueza a los intereses –como mínimo- ilegales, labor
en la que parece encontrarse el suyo.
Es cómoda la situación para Su Gobierno, tan cómoda cómo que
Gibraltar es independiente para decidir tirar bloques de hormigón, pero
no es libre para sostener su propio ejército y su propia política
exterior que pertenecen a Su Gobierno como metrópoli. Fácil esconderse
cada uno en la decisión del otro. Lo que no es fácil es que familias
españolas viajen al hambre mientras Gibraltar viaja a la opulencia con
la ayuda del Gobierno británico. Lamentable actitud para su hoja de
servicios, desde luego.
La mar llora en Gibraltar. La chulería del rico contrabandista recibe
el apoyo de todos los poderes mientras el hambre de los pescadores
asoma como inevitable. Días atrás, patrulleras de su bandera abordaban a
los pesqueros españoles que –simplemente- protestaban. Estos días,
fragatas de su Armada visitan el Peñón con su estampa de imperio
colonial antiguo. La mar, Señor Cameron, no está para eso. Los
ciudadanos tampoco lo estamos.
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